El año desde anuncio del fin de DACA, lleno de reveses judiciales para Trump
En el año que ha transcurrido desde que el Gobierno Trump anunciase el infructuoso fin de la Acción Diferida (DACA), la lucha legal ha sido intensa y el movimiento que lucha para que el programa se mantenga se fortaleció y amplió a otras causas de inmigrantes, aseguran líderes “soñadores”.
“En este año hemos madurado y crecido, aprendimos a llevar la lucha a las cortes y la justicia ha estado de nuestra parte, eso fortaleció el movimiento”, dice Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition.
Vargas destaca las cuatro decisiones de jueces federales a favor de los soñadores que argumentaron que la decisión de la Administración del presidente Donald Trump anunciada el 5 de septiembre del 2017 fue ilegal.
La orden de rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia con fecha 5 de marzo de 2018 apenas duró cuatro meses y en enero pasado el Juez William Alsup ordenó desde California al gobierno detener sus planes y aceptar las solicitudes de renovación mientras evaluaba cinco demandas en contra de esta polémica medida.
El magistrado calificó de “arbitraria y caprichosa” la determinación que Trump tomó para acabar con el beneficio que ampara a unos 690,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Una de las querellas legales está encabezada por seis soñadores afectados.
La mexicana Dulce García, abogada protegida por DACA que reside en San Diego, forma parte del grupo y, como sus otros compañeros, no ha parado para impedir que una legalización de los “soñadores” afecte a otros inmigrantes, como pretenden buena parte de los republicanos.
“Trump ha querido todo este tiempo usarnos como ficha política pero no pudo”, explica García.
Para ello, Trump reclamó al Congreso una salida legislativa para los “soñadores”, aunque marcando unas líneas rojas que difícilmente los demócratas podían aceptar, como fondos para construir un muro en la frontera con México y terminar con la inmigración en cadena.
Sin embargo, ningún proyecto con estas exigencias prosperó en el Congreso.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), califica la clausura de DACA como uno de los mayores errores de Trump.
La orden de Alsup, y una decisión similar del juez Nicholas Garaufis en Nueva York, le restó la presión al Congreso y el 5 de marzo pasó sin que se llegara a un acuerdo.
En abril el juez John Bates, desde Washington D.C., se unió a sus colegas e incluso consideró abrir la puerta para que nuevos solicitantes se acogieran al beneficio, aunque semanas después descartó la idea.
El movimiento de defensa de DACA se anotó recientemente otra victoria parcial después de que en Texas el juez federal Andrew Hanen declinase la petición de una coalición de siete estados de acabar de “inmediato” el programa.